ETL

Gustavo Velásquez.

El nombre de la ley El Distrito de Columbia protege los derechos de quienes no hablan inglés: • The DC Language Act. Esta normativa de 2004 obliga al Gobierno de DC a proporcionar acceso en pie de igualdad a servicios públicos, programas y actividades para los residentes del Distrito que no pueden hablar, leer o escribir en inglés. • Es un derecho. Los residentes de DC pueden presentar una tarjeta, escrita en inglés, en el lugar de gobierno donde necesite los servicios, en donde se pide que lo atiendan en su propio idioma. • Servicio de intérpretes. Todas las agencias de DC deben asistir con un intérprete sin costo para el residente, en persona o vía telefónica. • Traducciones. Se puede pedir que los documentos municipales se traduzcan a una de las lenguas que habla la población. • Quejas. Se puede contactar al Programa de Acceso al Idioma en la Oficina de Derechos Humanos en el 202-727-4559.

—Sigue usted presionando por la iniciativa de acceso al idioma desde la posición de los derechos…
—Espero que las personas sean conscientes de que tienen derechos en el Distrito de Columbia y de que el uso de su propio idioma es uno de ellos. Hablamos del derecho a intérpretes, del derecho a traducciones al español en el caso de la comunidad latina. Y si lo primero y lo segundo no se cumplen en el programa del gobierno donde las personas tratan de acceder, entonces que les quede claro a los residentes que pueden demandar al gobierno por no proporcionar esos servicios en español.

—¿Qué hace su agencia para comunicar ese mensaje?
—La Oficina de Derechos Humanos del Distrito de Columbia ha creado una campaña en tres fases. En la primera fase hemos trabajado con clínicas de salud comunitarias, con la Oficina de Asuntos Latinos del Alcalde, así como con la Oficina asiática y afroamericana. En la segunda fase, en la que nos encontramos ahora, pretendemos que los medios de comunicación entreguen la tarjeta al público y deseamos crear más concietización en las personas sobre el tercer punto del que hablaba antes: si no existe en el gobierno la capacidad real de servir al residente en sus necesidades de comunicación e idioma, se podría entonces demandar a la Ciudad. La tercera fase será una etapa de evaluación de resultados.

—¿Cómo se canalizarían esas demandas?
—Para eso está la Oficina de DC de Derechos Humanos. Tenemos la habilidad de manejar la parte contenciosa para pelear contra el mismo gobierno al cual pertenecemos de manera independiente. Somos como la oficina del ombudsman, una tradición francesa: el protector, la entidad a la que recurrir cuando existe trato desigual. Un latino, cuando no recibe el servicio en su idioma tiene el derecho de recurrir. Nuestra Oficina litiga casos de discriminación y, aunque en el tema del idioma no existe necesariamente un caso de discriminación, se pidió que esta Oficina se encargara de este tipo de asuntos.

—¿Está usted pidiendo que se le envíen más quejas?
—Sería ejemplo de buena salud democrática. Sí, a mí me gustaría ver más quejas… cuando le para una patrulla policial y no se siente bien tratado, cuando acude a la agencia de vehículos motorizados, a agencias de salud o cuando va a solicitar una inscripción en la escuela y no le ofrecen el servicio en su idioma aunque usted lo solicite… Entonces hay que quejarse y llamar al teléfono de la oficina.

—¿Cuál es el consejo que le daría a un inmigrante que no recibe el servicio de acceso al idioma?
—Que se informe y que no tenga miedo. Desde que empezó la administración del alcalde Adrian Fenty en el Distrito, nos dimos cuenta de que ni las agencias, ni el público, sabían que el derecho al acceso al idioma existía… La impotencia que algún inmigrante puede sentir se supera canalizando la queja. Es cierto que en muchos países de donde proceden algunos de nuestros inmigrantes, no hay instituciones asentadas a las que recurrir. Pero en este país existe un proceso legal que en un momento dado está ahí para protegernos y ayudarnos.