A nivel nacional ya se considera al condado de Maryland como el nuevo Prince William. Un informe dice que los costos de estas políticas son muy altos
Por Milagros Meléndez-Vela
El Tiempo Latino
Las medidas represivas contra los indocumentados han tensionado la convivencia de un condado cuya población latina se ha triplicado en la última década. Ahora, al costo social se une el económico. El martes 6, CASA de Maryland hizo público un informe que sitúa el costo de las políticas antiindocumentados en Frederick en $3,2 millones.
Según el documento de 27 páginas, las medidas adoptadas por la Oficina del Sheriff son las más caras en la región metropolitana.
En febrero, el sheriff Charles Jenkins firmó un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para capacitar a los oficiales en el cumplimiento de las leyes migratorias, bajo el programa 287(g). Este recurso convierte a un policía local en agente de Inmigración con capacidad para detener, e incluso iniciar trámites de deportación.
El informe muestra que en Frederick se supera el número de oficiales entrenados como agentes de Inmigración en comparación a otras localidades como Prince William, en Virginia. Lo que según autores del documento significa un costo de hasta $161 mil. “Mientras que en otros lugares se ha entrenado al uno o tres por ciento de la fuerza policial, en Frederick son 14 por ciento”, dijo el martes 6, Kerry O’Brien, administradora del programa legal de CASA, durante una conferencia de prensa en la iglesia Metodista Unida Asbury, en Frederick.
En Prince William se capacitó a seis oficiales y en Herndon a cinco; pero en Frederick son 26 los oficiales capacitados.
El estimado de $3,2 millones incluye el costo en salarios y los gastos que se incurren en los centros de detención. A ello se suman $108 mil para atender a los hijos de inmigrantes arrestados.
“Sin duda los contribuyentes sentirán el peso de las políticas antiinmigrantes”, expresó O’Brien.
La activista local, Lydia Espinosa advirtió que se vigilará de cerca la aplicación de las medidas para proteger los derechos civiles de las personas. “Procederemos con acciones legales”, dijo.
De otro lado, residentes que no toleran a los indocumentados dicen que éstos generan más gastos. “Nosotros estamos pagando ya un alto costo a causa de los ‘ilegales’”, dijo Richard Schutz a El Tiempo Latino.
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