La economía. El martes 29, la Junta de Supervisores decidió dar un golpe de timón a la dura resolución contra los indocumentados, votada en 0ctubre de 2007, al recortar $3,1 millones que se iban a destinar para pagar la instalación de cámaras de vídeo en las patrullas. La Policía había pedido las cámaras para proteger a los oficiales ante posibles acusaciones y demandas por racismo. Al desaparecer las cámaras, se va parte de la política. Pero no toda.

La decisión. La Junta de Supervisores de Prince William abolió un componente clave de la política del condado para atacar a la inmigración indocumentada. Ahora la policía sólo podrá preguntar y chequear el estatus migratorio de un sospechoso una vez que éste ha sido arrestado. La anterior resolución de la Junta autorizaba a los oficiales a investigar el estatus de cualquiera que éstos considerasen sospechoso de cualquier ofensa. Pero ahí para la benevolencia. La noche del 29, más de 100 personas se presentaron ante la Junta: unos, para pedir que se mantuviera intacta la política antiindocumentados (para lo que, dijeron, aceptarían un alza de impuestos). Otros, para pedir medidas no tan “divisivas y perjudiciales para los negocios”. Y al final se aprobó un presupuesto de $893 millones para el año fiscal 2009 que incluye un incremento del 5 por ciento al impuesto a la vivienda. Los recortes adicionales, por valor de $1,2 millones, afectan a la policía y los servicios para los hijos de los inmigrantes indocumentados deportados. Parece que la débil economía del condado —agravada por la tensión migratoria provocada por la resolución antiindocumentados— frenó un poquito el desenfreno policial que algunos preveían. Pero la maquinaría de presión sin solución sigue en pie.

Alberto Avendaño
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