Por Milagros Meléndez-Vela
El Tiempo Latino

El papel de la Policía de Prince William en cuestiones migratorias dio un giro el martes 29 de abril por la noche, cuando la Junta de supervisores votó el presupuesto.

Los supervisores cambiaron la forma de implementar la medida antiindocumentados al señalar que la policía deberá revisar el estatus migratorio de los sospechosos de un crimen sólo cuando éstos hayan sido arrestados.

Hasta ese día, la medida, que había entrado en vigencia en marzo, ordenaba a los oficiales averiguar el estatus migratorio de los detenidos hasta por faltas mínimas, como no llevar bien puesta la placa del automóvil.

Después de la decisión de los supervisores, el Jefe de la Policía, Charles Deane, suspendió la práctica anterior hasta formular un nuevo plan.

La Junta votó en forma unánime por el cambio, después de recortar $3,1 millones del presupuesto que se habría destinado a instalar cámaras en las patrullas, a fin de contar con una defensa ante potenciales demandas civiles.

Al no instalarse las cámaras, los supervisores decidieron suavizar la aplicación de la norma para proteger a los oficiales.

El presidente de la Junta, Corey Stewart, duro contra los indocumentados, dijo que el cambio no marcará una gran diferencia y que se preserva la base de la legislación. “Cada personas arrestada será sometida a un chequeo de su estatus”, dijo.

Sin embargo, la Policía observó los cambios. “Esto significa que no vamos a estar preguntando el estatus migratorio de las personas que son paradas sólo por una violación de tráfico”, expresó la sargento Kim Chinn, vocera del departamento policial de Prince William.

De hecho, los resultados en el primer mes de la evaluación de la norma indicaron que la mayoría de las personas a las que se les preguntó su estatus fueron detenidas por violaciones de tránsito. De las 41 personas procesadas por inmigración, 25 fueron detenidas por infracciones de tránsito.

Los supervisores votaron pasadas las 8:30 pm., tras escuchar por cinco horas testimonios de más de 125 residentes, a favor y en contra de esta política. A la vez, aprobaron un presupuesto con un aumento de más del 25 por ciento al impuesto a la renta, de 78 a 97 centavos por cada $100 del valor de la propiedad.