Michael Williamson/TWP

DETERIORO. El edificio de 10th Place SE de DC es uno de los 200 con violaciones a los códigos de vivienda.

El ABC de la norma Cómo se aplica la reglamentación de control de renta: Los que no están afectados por la ley de control de renta en DC son aquellos edificios que: a) Tienen unidades de alquiler con subsidios federales o del Distrito. b) Unidades de alquiler construidas después de 1975. c) Apartamentos que sean propiedad de una persona y que no poseen más de cuatro unidades. d) Apartamentos desocupados en el momento en que la ley entró en vigencia. Los aumentos de alquiler: a) Sólo debe aplicarse el aumento permitido por ley. b) No se puede aumentar antes de los 12 meses del último incremento, salvo que la unidad esté desocupada y disponible para alquilar. c) El aumento permitido por año está basado en el incremento del Índice de Precios al Consumidor, y no debe ser mayor del 10 por ciento.

Por Maritza Gueler
El Tiempo Latino

“Desde hace tiempo el edificio tenía problemas de electricidad y había insectos y roedores”, cuenta con una mezcla de rabia y de dolor Yasmin Romero, una de las 200 personas del edificio que ardió en el 3145 de la Mount Pleasant, en DC, el jueves 13.

“En mi apartamento se cayó cuatro veces la mesada de la cocina”, remarca desde su refugio en el hotel Best Western de DC, donde fueron trasladados gran parte de los damnificados.

Las causas del incendio aún no se saben. Pero sí se sabe que el Gobierno del Distrito tiene registradas 7.100 violaciones a los códigos de seguridad edilicia en ese complejo de apartamentos.

Desde hace largo tiempo, la disputa entre propietarios e inquilinos se ha vuelto una constante en DC, donde hay cerca de 100.000 edificios bajo la ley de renta controlada. Muchos de ellos en condiciones deplorables.

El problema involucra a propietarios, políticos e inquilinos, frente a una reglamentación que favorece casi en un 90 por ciento a los alquilan con control de renta.

La ley, que entró en vigencia en 1980, contempla unidades de alquiler construidas antes de 1975, con más de cuatro apartamentos.

Por su dureza y rigidez, la ley hace que el Distrito sea una de las tres ciudades, junto con Nueva York y San Francisco, en donde el control de la renta genera crisis y enfrentamientos.

Los dueños, en ocasiones sienten que los inquilinos son más dueños de su propio edificio que ellos mismos. Mientras que los inquilinos, a veces deben luchar contra la desidia y las amenazas constantes del propietario.

“Los dueños de grandes edificios pueden lidiar con los problemas de falta de pago de un inquilino”, afirma Shaun Pharr, a cargo de asuntos con el gobierno de la organización Apartment and Office Building Association of Metropolitan Washington (AOBA), que nuclea a los propietarios. “En cambio, para el dueño de un edificio pequeño, la falta de pago de uno de los alquileres puede afectar enormemente”.

El sistema muestra fallas y no necesariamente beneficia a los más necesitados. Según fuentes de AOBA, suele ocurrir que personas que tienen un ingreso de $100.000 al año terminan alquilando un apartamento de renta controlada que bien podría ser para una familia de bajos recursos.

En otros casos, el inquilino titular subalquila los cuartos a precios que muchas veces superan el de la renta original, con lo cual saca su propia ganancia sobre la propiedad ajena. Y eso también es ilegal.

Los dueños, por su parte, deben hacerse cargo del mantenimiento, del pago del agua y de la luz común de un edificio diseñado para diez personas, donde —a veces— viven más de veinte.

El desequilibrio dentro del mercado es evidente. Los pequeños propietarios son los más afectados al no poder subir la renta, y por lo tanto, el mantenimiento del edificio se hace difícil.

Según un informe de “The Washington Post” publicado a principios de mes, se calcula que en DC hay cerca de 200 edificios que están violando los códigos de vivienda. En estos casos en particular, los propietarios, con la intención de sacar una ganancia mayor al convertirlos en condominios, apelan a cualquier recurso para librarse de los inquilinos.

“Los dueños hacen la situación más miserable para poder venderlo vacío”, insiste con vehemencia el concejal Jim Graham (D-Ward 1), uno de los adalides del movimiento pro inquilinos. “Si está ocupado es más difícil venderlo”.

En ocasiones, los compradores tienen que negociar el precio con la asociación de inquilinos de cada edificio. Otras veces, el dueño debe darle la prioridad de compra a la asociación —según una reglamentación vigente desde 2006—, que generalmente se toma cerca de un año para negociar el precio y finalmente, bajar o subir el dedo como el César.

“Tenemos una de las leyes pro inquilinos más fuertes del país”, afirma el abogado del comité legislativo de la oficina de Graham, Barry Weise. Para vender, los dueños deben negociar con los inquilinos y pagarles hasta $30.000 para poder convertir el edificio en condominios.

“Todo depende de cuán organizada esté la asociación de inquilinos”, comenta Weise. Si hay mayoría de inmigrantes sin papeles, que no hablan inglés, puede haber cierta especulación por parte del propietario. Por lo general, los hispanos son los más afectados, especialmente por el temor de ser denunciados ante Inmigración. No obstante, las soluciones equitativas tardan en llegar.