Por Milagros Meléndez-Vela
El Tiempo Latino

Los empleadores en Maryland que no paguen a sus trabajadores el mínimo de $6,15, se enfrentarían a mayores multas y hasta triplicarían lo adeudado si llega a pasar un proyecto legislativo, presentado por el delegado Víctor Ramírez.

La propuesta HB1392 fue traida esta semana al pleno de la Cámara de Representantes, en Annapolis, en donde se presentaron opiniones.

“Esperamos que haya un apoyo y que sea aprobada para pasar luego la próxima semana al Senado”, manifestó el martes 4, el delegado Ramírez (D-Distrito 47).

La ley actual impone una multa de $1.000 a las compañías que no pagan el sueldo mínimo.El proyecto de Ramírez propone una multa de $2.500.

Además, si los empleados están trabajando en edificios de gobierno de condados que tienen un salario mínimo más alto podrán reclamar lo adeudado, pero en una cifra hasta tres veces superior.

“En Montgomery y Prince William los contratistas que trabajan para esos condados deben pagar a sus trabajadores por encima de los $10, según la ley”, explicó Ramírez.

“Si no lo están haciendo entonces deberán pagar la diferencia multiplicada por tres”, agregó.

La ley en Maryland establece que los sueldos adeudados se paguen triplicados.

Ramírez, de ascendencia salvadoreña, manifestó que el proyecto beneficiaría a un gran sector de los trabajadores inmigrantes, pero muy especialmente a los trabajadores hispanos.

“Esta es una propuesta que ayudaría a muchas personas. Antes de que yo la presentarla, mucha gente se me había acercado contándome que no les estaban pagando lo justo”, indicó Ramírez.

La propuesta original del delegado sugería también una sanción criminal y multas graduales que llegaran hasta los $5.000 en casos de repetición.

En la situación hipotética de que los empleadores reincidan dijo que estos deberían enfrentar cargos con penas de hasta 180 días de cárcel.

Esa parte del proyecto fue rechazada el 26 de febrero.

“El comité dejó sólo la parte del incremento en la pena civil”, observó Ramírez.

Activistas aplauden la propuesta y señalan que se debería continuar con el intento de categorizar como un delito criminal. “El castigo de la ley debería caer fuerte a aquéllos que abusan de los trabajadores”, dijo Doris DePaz de CASA de Maryland.