Alfredo Duarte Pereira para ETL

JEFE. Charlie Deane, jefe de la Policía de Prince William, habló con la prensa el lunes 3.

Alto costo La aplicación de la norma costará más del doble de lo planeado: Cumplir con la nueva normativa para cuestionar sobre el estatus migratorio de cualquier detenido, costará más de lo estimado al gobierno de Prince William. La Junta de Supervisores calcula que se gastarán $6,4 millones el primer año, más del doble de lo estimado en octubre de 2007. En cinco años el costo total asciende a $26 millones. Cuando se pasó la medida, se presupuestó la creación de una unidad especial contra los indocumentados, con 6 detectives y un civil; pero la Policía dice que el programa requiere de 35 posiciones más en los próximos cinco años. Otros gastos se irán a la instalación de cámaras en las 250 patrullas de la Policía a fin de que el departamento se proteja de demandas. Prince William enfrenta un gran déficit fiscal para 2009 y propone un aumento del 28% en impuestos.

Por Milagros Meléndez-Vela
El Tiempo Latino

El condado de Prince William puso en vigor, el lunes 3, su controversial política antiindocumentados, que ha captado la atención nacional y ha dividido a la región.

En este momento, la Policía del condado puede averiguar el estatus migratorio de los detenidos por más pequeña que sea la falta, cuando haya sospecha de que éstos sean indocumentados.

La medida entró en vigor en medio de un clima de temor entre los inmigrantes y expectativas de aquéllos que buscan erradicar del condado a los indocumentados.

Nuris Cuevas, documentada con el estatus que le otorga el TPS, se cuidó la mañana de ese lunes de asegurar apropiadamente a sus niños en el asiento del auto para evitar cualquier encuentro con la policía.

Por su parte, algunos jornaleros prefirieron no reunirse como de costumbre en el estacionamiento de un 7-Eleven en Woodbridge.

Pese a que la Policía asegura que aplicará la regulación de manera justa, algunos hispanos temen ser parados sin razón.

Cuevas dijo que en enero fue detenida sin haber cometido ninguna infracción cuando manejaba su camioneta con cuatro niños en el interior. “El policía pasó por mi lado y se le quedó viendo a los niños. Luego me paró y revisó los asientos y dijo que no tenían la base y me puso un ticket”, expresó.

Bajo la nueva política, si Cuevas no hubiera presentado su licencia de conducir o si se hubiera puesto muy nerviosa, entonces el policíatendría causa probable para indagar su estatus migratorio.

Reunido con la prensa, el jefe Charles Deane dijo el mismo lunes 3 que los 530 oficiales ejercerán sus rutinas diarias sin ningún cambio.

“Los policías realizan sus mismas rutinas”, dijo Deane. Eso incluye parar a un conductor que tenga rota la mica de la luz direccional o lleve colgada su placa de registración.

“Si el conductor presenta una licencia válida, entonces se irá con una advertencia o una multa y nada más”, expresó la sargento Kim Chinn, vocera del departamento.

De hecho, los oficiales informaron que el lunes 3 se realizaron cuatro detenciones con esas características, pero ningún arresto de tipo migratorio, porque las personas mostraron licencias de conducir en regla.

El lunes también entró en vigor el acuerdo de la Policía del condado con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Este programa, conocido como 287(g), capacita a policías para aplicar normas migratorias, e incluso iniciar los trámites de deportación.

La Policía de Prince William cuanta ahora con una unidad especial para detener a los indocumentados. Seis detectives y un civil han sido capacitados por el ICE y trabajan bajo la supervisión directa de Inmigración.

Al combinar las dos regulaciones, cualquiera que sea detenido por una falta mínima, si su estatus migratorio es irregular, puede ser deportado.

Pero, casi cuatro meses después de aprobado el plan y luego de una semana de su puesta en práctica, ya han surgido las críticas y las incertidumbres por el costo económico y social de las medidas. Algo que no parece inmutar al presidente de la Junta de Supervisores, Corey Stewart, para quien los $6,4 millones en el primer año y el total de $26 millones en cinco años es el precio a pagar para poder deportar “a los que están aquí ilegalmente”.

El condado propuso aumentar los impuestos, incluyendo un 28 por ciento más en la renta.

“Desafortunadamente, todos vamos a pagar por una política que le corresponde asumir al gobierno federal y no a los locales”, expresó la ex candidata a la junta, Aracely Panameño.

Panameño asegura que muchos comercios dirigidos a los hispanos se han visto afectados desde el paso de la resolución en julio. “La gente se está marchando y los oficiales no se dan cuenta del daño económico que se está causando”, dijo.

Según el Censo, los negocios hispanos son el 12 por ciento del total en Prince William. Más que los afroamericanos y asiáticos. Ahora, algunos han cerrado y otros reportan pérdidas de hasta el 30 por ciento

“Se ha creado un ambiente de temor y no aceptación a la diversidad”, expresó el activista Ricardo Juárez, de la agrupación Mexicanos Sin Fronteras.

Y ciudadanos, como Louis Domínguez, ex candidato a Sheriff del condado, se han ido después de tres décadas de vivir aquí.

“Hay mucha hostilidad”, dijo.