El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha desatado una nueva tormenta, esta vez en El Salvador. La semana pasada, un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos advertía que el polémico mandatario venezolano estaría financiando la campaña presidencial de la izquierda salvadoreña, representada en el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN).

La noticia provocó que el presidente de ese país centroamericano, Elías Antonio Saca, ordenara una investigación y llamara a consultas al encargado de negocios que el gobierno conservador de la Alianza Republicana Nacionalista,( ARENA), tiene en Caracas.

Mientras los salvadoreños esperan más detalles que confirmen o desmientan las acusaciones vertidas desde Washington, gobierno y oposición se han enfrascado en una guerra verbal en San Salvador. Por un lado, el FMLN niega que Chávez les dé dinero y ha cuestionado la credibilidad de los órganos de inteligencia de Estados Unidos. “Estos mismos informes llevaron hace cinco años a la guerra contra un país árabe”, aseguró el portavoz de los farabundistas, Sigfrido Reyes. Por el otro, los líderes del partido oficial han intentado capitalizar los anticuerpos y miedos que genera Chávez anunciando que “El Salvador no está en venta”.

Lo cierto es que la atención del país está ahora centrada en una empresa de capital mixto llamada Petróleos Alba, donde una participación del 40 por ciento es controlada por 58 alcaldes del FMLN y el restante 60 por ciento pertenece a la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA.

Fundada en marzo de 2006, esta compañía encarna la alianza entre el liderazgo del FMLN y Caracas. El partido buscó el acercamiento con el propósito de conseguir combustibles baratos y afianzar lazos de cooperación con Venezuela.

Para Chávez, el trato se inscribe en la estrategia de impulso a la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, mediante la cual pretende frenar la influencia del Area de Libre Comercio de las Américas, ALCA.

El mecanismo de operación de Petróleos Alba en El Salvador es sencillo. La empresa recibe combustible venezolano y debe pagar el 60 por ciento de la factura en 90 días, al 2 por ciento de interés. El 40 por ciento restante ha de pagarse a 23 años plazo y al l por ciento de interés.

Los militantes de ARENA sospechan que es a través de Petróleos Alba que Chávez podría estar inyectando fondos a la campaña del FMLN. Aparte del generoso crédito del que goza la empresa, PDVSA ha anunciado que la apoyará con una inversión de $40 millones en una planta de almacenamiento cerca del puerto de Acajutla.

Es tal el nerviosismo por el impacto que podrían tener los petrodólares en las elecciones presidenciales que hasta los diputados de ARENA han comenzado a promover una ley que exija transparencia en el manejo del dinero de las campañas. Resta ver si la propuesta, que también podría exponer a luz pública a los financistas del partido oficial, pasa la prueba de la realidad o se queda en buenas intenciones.

Dina Fernández es columnista
de ‘El Periódico’ en Guatemala
dfernandez@xokomil.com