El presidente colombiano Alvaro Uribe se queja de la creciente presión internacional que recibe su gobierno para lograr la liberación de unos 700 rehenes en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Pero la presión, cree Uribe, debería estar dirigida contra las FARC y no contra su gobierno.

A finales del año pasado, en una entrevista en Nueva York, le pregunté a Uribe si él despejaría una parte del territorio colombiano para negociar el canje de secuestrados por guerrilleros encarcelados. “Eso nunca lo haremos en este gobierno”, fue su respuesta contundente. La verdad es que si los guerrilleros de las FARC quieren liberar a algunos secuestrados, no se necesita sacar a la policía y al ejército colombiano de ningún territorio. Basta que los dejen libres en la selva, hagan una llamada para avisar dónde están y en menos de una hora ya los estarían recogiendo sus familiares.

Pero las FARC necesitan legitimidad política. Quieren quitarse de encima el calificativo de “terroristas”, como lo propuso el presidente venezolano Hugo Chávez.

Uribe no quiere hacer lo que hizo el ex presidente Andrés Pastrana. Para tratar de negociar la paz con las FARC, Pastrana despejó 42.000 kilómetros cuadrados de territorio y al final de cuentas no logró nada. Por eso Uribe considera que lo hecho por Pastrana fue un error gubernamental que fortaleció a la guerrilla.

Pero Pastrana insiste en que despejar temporalmente, como él lo hizo en la zona de El Caguán en 1999, no compromete la soberanía de Colombia y permite negociar la paz y la liberación de rehenes. De hecho, Pastrana considera que Uribe ya despejó una zona, la de Ralito entre el 2003 y el 2006, para permitir la desmovilización de miles de paramilitares. Y se pregunta por qué Uribe hizo esa concesión a los paramilitares y ahora se niega a hacer lo mismo con la guerrilla.

“El presidente Uribe ya despejó”, me dijo en una entrevista Pastrana. “No hay disculpa. Lo importante es que el presidente Uribe ya despejó y que el presidente (esté) dispuesto a despejar otra zona de encuentro”.

Según Pastrana, Uribe debe estar en absoluto control del manejo de la paz en Colombia “y no puede delegar el mayor problema que tenemos nosotros a un mandatario o a un gobierno extranjero”. En otras palabras, Uribe no debe dejar el asunto de los rehenes en manos de Chávez.
Pero eso es precisamente lo que quisieran muchos familiares de los secuestrados. “Ojalá que el presidente colombiano deje su orgullo a un lado y anteponga, primero, la vida y la libertad de los secuestrados, y permita que el presidente Chávez resuelva el problema”, me dijo en una conversación vía satélite, Juan Carlos Lecompte, el esposo de la ex candidata presidencial secuestrada, Ingrid Betancourt. “Yo estoy seguro (de) que si el presidente colombiano le diera el aval, carta blanca, luz verde, al presidente Chávez, nosotros tendríamos a muchos secuestrados libres en los próximos meses”.

Así están de complicadas las cosas. Unos, como Lecompte, le piden a Uribe que confíe en Chávez la negociación de la liberación de los rehenes y otros, como Pastrana, le advierten que no lo haga por el alto costo a la soberanía de Colombia.

Pero Uribe está obligado a hacer algo. Los secuestrados se han convertido en el principal problema de su gobierno. No hay nada más importante. Ni el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Pero me pregunto si Uribe está emocionalmente imposibilitado para negociar con quienes considera los responsables de la muerte de su padre. (Las FARC insisten en que no tuvieron nada que ver con el intento de secuestro y la muerte de Alberto Uribe Sierra en 1983.)

Si las FARC de verdad quieren ser reconocidas como una organización política, recuperar el terreno perdido y participar activamente en la vida de los colombianos, el único gesto posible para alcanzar esos objetivos es liberar de manera unilateral a los rehenes y dejar de secuestrar. Pero algo tan sencillo es pedir mucho.

Así que, por ahora, sólo queda como opción la intermediación de la iglesia católica, junto a Francia, España y Suiza, y la oferta de Uribe de una “zona de encuentro” con la guerrilla de las FARC, en “una zona rural, despoblada, una zona donde no haya cuarteles del ejército ni de la policía”.

Y mientras tanto, cientos de secuestrados languidecen en la selva.

©2008-Jorge Ramos - The New York Times Syndicate.