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Corey A. Stewart.

Por Milagros Meléndez-Vela
El Tiempo Latino

Las nuevas medidas contra los indocumentados aprobadas en Prince William todavía no entran en vigencia, confirmaron esta semana autoridades de ese condado, al tiempo que intentan disipar el temor entre la comunidad inmigrante.

En octubre, la Junta de Supervisores votó a favor de autorizar a la Policía a indagar en el estatus migratorio de los detenidos cuando hubiera sospechas de que éstos fueran indocumentados.

Al mismo tiempo, los supervisores aprobaron recortar ciertos servicios públicos a las personas que no puedan probar su estatus legal en el país.

“No estamos aplicando la nueva norma”, aseguró a El Tiempo Latino el lunes 7, la sargento Kim Chinn, jefa de comunicaciones de la Policía de Prince William. “Primero los oficiales deben pasar por la capacitación de la agencia de inmigración”, observó.

Para esto, el condado creó la Unidad de Extranjeros Criminales, compuesta por seis detectives. Este grupo de oficiales comienza a mediados de mes una capacitación que durará de cuatro a cinco semanas, y que estará a cargo de personal del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), explicó Chinn.

Aparte de los seis detectives de la unidad especial, los 500 oficiales de la fuerza de Prince William recibirán una capacitación de un día referente al aspecto legal de la nueva norma, según la vocera.

La Policía dice que antes de que la medida entre en vigencia, intentarán disipar los temores de los inmigrantes. “La relación de la policía con la comunidad ha sido siempre una de las preocupaciones de nuestro jefe”, dijo esta sargento.

El jefe del departamento, Charlie Deane, se opuso en un principio a la propuesta al señalar que podría perjudicar la relación con la comunidad y a las víctimas de crímenes o a los testigos.

“La gente no debe sentir temor. La medida afecta sólo a los criminales indocumentados”, dijo Chinn.

Sin embargo, activistas temen que la iniciativa se malinterprete y que los inmigrantes estén a merced de actos discriminatorios basados en el perfil racial.

Como un primer paso para bajar el grado de temor que tiene un sector de la comunidad, la Policía explica que sólo se preguntará sobre el estatus migratorio de la persona cuando haya “causa probable” de que sea indocumentada. “Si alguien es detenido por manejar ebrio y muestra una licencia de conducir válida, no habrá problema. Sólo se irá con su ticket”, anotó Chinn, al enfatizar que los oficiales protegerán a las víctimas y testigos de crímenes.

Los recortes de servicios públicos tampoco entraron en vigencia. el presidente de la Junta de Supervisores Corey A. Stewart dijo que se cerciorará de que se apliquen sin violar ningún derecho. Por su parte, el supervisor por el distrito de Occoquan, Michael May dijo que “la gente debe tomar en cuenta que sólo se trata de unos cuantos servicios, que los afectados serán un mínimo de personas”.

La propuesta original planteaba negar una serie de servicios. Sin embargo la lista se acortó para evitar retos legales y altos gastos de implementación Algunos de los servicios a cortar, incluyen programas de rehabilitación para los detenidos por abuso de droga.