Como mexicano-americano, nada me hace sentir menos mexicano y más americano que pasar el tiempo con un funcionario del gobierno mexicano.Durante mis muchos años de entrevistar y escribir, mi experiencia sobre estos “mexícratas” ha sido que la mayoría provienen de la clase privilegiada con experiencias de vida completamente alejadas de las de los mexicanos promedio y aun más alejadas de las de millones de mexicanos que se dirigieron al norte en busca de una vida mejor.

No sucede a menudo que encuentre a un funcionario mexicano que sea justo, razonable y perspicaz. María de los Remedios Gómez Arnau, la recientemente instaurada cónsul general de México en San Diego, es exactamente eso.

Unas semanas atrás, Gómez se juntó con la junta editorial del periódico The San Diego Union-Tribune. Los temas de discusión abarcaron los recientes brotes de violencia a lo largo de la frontera, la guerra contra las drogas, el comercio – ah, sí – y la inmigración. “Debemos reconocer”, dijo, “que se necesitan trabajadores itinerantes aquí en el mercado laboral de Estados Unidos y que otros países que participan en el mercado laboral de Estados Unidos tienen la oferta de esos trabajadores ya sea que sean de un nivel profesional o de un nivel de calificación media o baja”.

Tiene razón en señalar que no hay canales suficientes para que la gente venga legalmente a Estados Unidos desde México porque, en el caso de los trabajadores de baja calificación, “no hay visas para los tipos de trabajos que realizan”. Pero la cónsul general fue más allá. Insistió que estos trabajadores “no pueden estar trabajando aquí con documentos” porque los canales legales no están disponibles. ¿Notan cuán pronto absolvió a los individuos de cualquier responsabilidad por quebrar la ley?.

Cuando se le preguntó si México creía que también tiene la responsabilidad de ayudar a controlar la frontera y prevenir que sus ciudadanos crucen a Estados Unidos sin los documentos adecuados, Gómez afirmó que el gobierno mexicano estaba trabajando con funcionarios federales, estatales y locales para brindar una “supervisión de la frontera” y que “sabe que, en temas de inmigración y otros temas que tienen un impacto bilateral, hay una responsabilidad conjunta”.

Tomemos esto con pinzas. Los funcionarios mexicanos siempre han hecho el esfuerzo de señalar que su país no es Cuba, y que no van a evitar que su gente deje el país si eso es lo que ellos eligen del mismo modo que el gobierno de Estados Unidos no prohibiría que sus ciudadanos se muden a México o Canadá. Irónicamente, hay una mercancía que ingresa a México y que los funcionarios mexicanos quieren mantener desesperadamente afuera, y le están pidiendo a Estados Unidos que los ayude en ese esfuerzo —cargamentos de armas ilegales que son importadas por los carteles de droga.

Estados Unidos tiene interés en mantener estas armas fuera de las manos de la gente que pueda usarlas para matar agentes de narcotráfico. Pero México no está en la posición de pedirle a Estados Unidos que ayude a parar la exportación de armas cuando no levanta un dedo para detener la exportación de inmigrantes.

Para que conste, el gobierno de Estados Unidos lanzó un nuevo esfuerzo para luchar contra el contrabando de armas a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Pero –mientras los carteles de droga mexicanos demanden armas y, para el caso, mientras los clientes de drogas de Estados Unidos demanden contrabando – es probable que la oferta esté ahí. Estados Unidos y México siempre compartieron una frontera. Y ahora, el destino quiso que compartieran una empatía.

©2008-The San diego Union-Tribune
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