Poco después de que el ex presidente Alberto Fujimori fuera extraditado a Perú para enfrentar cargos de corrupción y violación a los derechos humanos, su hija Keiko, congresista peruana, empezó a clamar por sus derechos. Aseguró que su celda era demasiado pequeña y que debiera poder hacer ejercicio y recibir visitas de sus familiares, además de cuidado medico apropiado.

Parece que Fujimori – acusado de contratar escuadrones de la muerte y ordenar masacres mientras estuvo en el poder en los 90 – comienza a interesarse por los derechos humanos. Como diría Mónica Feria, “la vida es irónica”. Y no es broma. Feria ha pasado los últimos diez años representando víctimas del régimen de Fujimori. Ella fue uno de los sobrevivientes del asalto que por cuatro días llevaron a cabo las fuerzas de seguridad peruanas en el Penal Castro Castro de máxima seguridad que albergaba a supuestos miembros del grupo guerrillero Sendero Luminoso. Posteriormente pasó cinco meses incomunicada en una estrecha celda.

Feria llevó el caso de las víctimas del Penal Castro Castro hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “La propia sentencia que logré” de la Corte, dijo Feria en una entrevista, “ahora beneficia a Fujimori”.

Pero agrega, “es justo que sea así”. Para Feria, quien vive en exilo en Gran Bretaña, el fallo que obtuvo representa progreso para su país y ayuda a restaurar algunos de los derechos que se erosionaron bajo la bandera de la guerra contra el terrorismo. No todos lo ven como un avance. El Presidente peruano Alan García se ha rehusado a compensar a las víctimas del Penal Castro Castro y sugiere que los $20 millones que la corte ordenó pagar sería mejor usarlos en ayudar a los pobres.

Tristemente García todavía quiere evitar la sanción asegurando que las víctimas eran terroristas cuando, de hecho, casi todos no habían sido juzgados y una vez lo fueron se les encontró inocentes, como fue el caso de Feria.

García debería conocer mejor que la mayoría la importancia de una decisión objetiva, libre de consideraciones políticas. Él mismo acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la institución hermana de la Corte, para reclamar sus derechos como ciudadano peruano. La respuesta de la Comisión a su denuncia abrió el camino para su regreso del exilio y su eventual exitosa reelección como presidente.

García no está solo. Otras personas de poder han estado acudiendo en mayor número a la Comisión que en una época fue puramente el instrumento de los menos poderosos para reparar abusos como torturas o ejecuciones extrajudiciales. Entre ellos se cuentan los ex presidentes Carlos Andrés Pérez de Venezuela, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Lucio Gutiérrez de Ecuador, Efraín Ríos Montt de Guatemala, al igual que ex líderes militares, jueces o legisladores.

Los expertos ven estos desarrollos como positivos para los derechos humanos en la región. “Si esta causa de la defensa y promoción de los derechos humanos sobrevive en las próximas décadas a nivel universal dependerá fundamentalmente de la capacidad que tengamos todos para reivindicar estos derechos en términos desideologizados”, dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rigths Watch.

El respeto a los derechos humanos está todavía lejos de ser sagrado en la región. Por estos días representantes de gobiernos latinoamericanos en Washington se reúnen para discutir formas de imponer límites a las acciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dichas discusiones no representan el desaire típico de déspotas o dictadores – algunos tal vez recuerden que Fujimori se retiró de la Corte en rechazo a algunos de sus fallos – pero recuerdan las tendencias que afectan a muchos en el poder. Una vez toman las riendas, los líderes tienden a percibir la defensa de los derechos humanos como una molestia, olvidando con demasiada facilidad el valor de un sistema que tal vez algún día los proteja.

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