Según el estudio sobre la violencia entre compañeros íntimos en Estados Unidos llevado a cabo por la Oficina del Departamento de Justicia, durante el período 1993-2004 se registró una disminución de casi un 50% en la cantidad de victimizaciones, pasando de 5.8 por cada 1000 habitantes de 12 años y más en el 2003, a 2.6 en el 2004. Este mismo reporte indica que la reducción en las denuncias presentadas por mujeres hispanas fue de dos tercios. Diversos factores políticos y sociales se asocian con la progresiva inhibición de las hispanas para buscar protección y apoyo frente a una situación de violencia doméstica tales como el estado migratorio y de sus hijos, su grado de dominio del idioma inglés, el nivel de conocimiento sobre sus derechos legales y de protección; y la autodeterminación para reclamarlos.

Con frecuencia las mujeres plantean: “Es muy difícil, ellos (la policía) dicen que es nuestro problema porque no hablamos inglés, pero es también problema de ellos porque ellos no hablan español”. Por otro lado, la dependencia económica de la pareja o familiares, la autonomía para la toma de decisiones, y las experiencias previas de violencia en sus países de origen o durante el recorrido hecho en su ingreso a este país, matizan también la decisión de denunciar.

Otros factores que imponen el silencio frente a la violencia doméstica se asocian con la discriminación que enfrentan las hispanas en los servicios existentes. Muchas mujeres perciben sesgos inequitativos en las respuestas que provee el sistema al problema de la violencia doméstica, dependiendo del origen étnico de las víctimas, lo que a su vez se convierte en una barrera al acceso a los servicios: “Yo no me siento cómoda llamando a la policía porque ellos no le ponen atención a nuestros problemas”. A esto se agrega el efecto adverso de las políticas migratorias que han producido un temor generalizado de recurrir a los servicios públicos por miedo a la deportación y, en muchos casos, la consecuente separación de sus hijos.

La falta de conocimiento sobre la dinámica y el impacto de la violencia doméstica es un determinante clave en la calidad de la respuesta institucional en la medida en que explícitamente establecen una correlación entre la gravedad de la violencia física y la necesidad de protección.

Para mejorar el acceso de las hispanas a la protección y apoyos requeridos en situaciones de violencia doméstica es necesario producir cambios estructurales y sectoriales importantes. Las políticas públicas deben apuntar a fortalecer las capacidades individuales y colectivas de las hispanas para su empoderamiento y modificar las relaciones desiguales de género que definen la violencia como un modo de control de los hombres sobre sus parejas. Asimismo, los proveedores de servicios deben estar dotados de las competencias culturales para responder a las necesidades específicas de las mujeres hispanas.

Los mecanismos de referencia y contrareferencia culturalmente sensibles permitirían contar con canales apropiados de comunicación y enlace entre las agencias y programas, las usuarias y sus familias. Asimismo, contar con mayor evidencia científica sobre la violencia doméstica en la población hispana servirá para identificar las necesidades de atención y prevención, y desarrollar estrategias de intervención efectivos. El silencio y aislamiento revictimiza a las sobrevivientes de violencia doméstica y aumenta los riesgos individuales y sociales frente al problema. Por lo tanto es responsabilidad del Estado defender la democracia, el desarrollo y las libertades humanas en la casa y en los ámbitos públicos sin discriminación por pertenencia a un determinado grupo étnico.

DIANA ARISTIZÁBAL ES EDUCADORA Y ESPECIALISTA EN PROBLEMÁTICA SOCIAL aristizabald@dvcn.org