ABUELA PROVOCADORA. La señora, antiinmigrante, observa a un grupo de hispanos el martes 16.

Por Daniel Gilbert
especial para El Tiempo Latino

“Prince William, escucha”, coreaban centenares de manifestantes latinos que acudieron a una audiencia pública el martes 16 de octubre, para ver cómo votarían los supervisores del condado en una controvertida resolución antiindocumentados.

Pero tras escuchar testimonios emotivos de alrededor de 400 personas, durante más de 12 horas, quedó incierto lo que los supervisores se llevaron de la audiencia, al aprobar la medida de manera unánime.

Era efectivamente lo que pronosticó Greg Letiecq, presidente del grupo “Help Save Manassas”, que apoyaba la resolución.

Durante las últimas dos semanas, miembros del grupo habían presionado a los supervisores con una catarata constante de e-mails, llamadas telefónicas y mensajes de fax, contó Letiecq.

“Nos pareció un insulto,” dijo Ricardo Juárez, coordinador de Mexicanos Sin Fronteras (MSF), quien esperó hasta las 2:30 a.m. para el voto. “A final de todo, se hizo evidente que (los supervisores) ya tenían decidido aprobar la resolución. Fue una farsa”. Por su parte, Corey Stewart, jefe de los supervisores, dijo que el voto no se debía entender como un “desaire” a la comunidad hispana.

La asistencia sin precedente subrayó la gran tensión que se vive en Prince William, atrayendo a obreros, parejas y madres empujando cochecitos.

Los que manifestaron estaban tanto “en la lucha” como en la espera, ansiosos de saber hacia qué dirección iría el condado.

“A huevo nos quieren correr de aquí”, dijo Antonio Guzmán, un mexicano sin papeles quien lleva ocho años en el condado, y quien había faltado a su trabajo de construcción con siete compañeros para presenciar la votación.

Hace unos días, relató Guzmán, fue detenido por la policía y acusado de manejar sin licencia. Al conocer la decisión de los supervisores al día siguiente, “yo creo que irme del condado va a ser la mejor opción”. Ya mucha gente se ha ido, expresó Gilberto Martínez, residente de Manassas y originario de El Salvador. Martínez dijo conocer tres familias que se han mudado fuera del condado desde julio, a Carolina de Norte, y a Houston, Texas.

Y ante los supervisores el martes 16, Anthony Andrade expresó su preocupación que Prince William repita la experiencia de Riverside, en Nueva Jersey, un pueblo que sufrió una baja económica tras aprobar una ley que provocó un éxodo de la comunidad hispana.

Y esta diáspora ha hecho que, un año después, el gobierno de Riverside revisara la medida.

El posible impacto económico de la política sacudió a Rick Hetrick de su casa en Woodbridge, donde su frustración crecía al mirar por televisión los testimonios ante la junta.
Hetrick llegó pasadas las 11 p.m.: era el número 370 en la lista de oradores, y estaba listo para esperar horas por su turno.

En 35 años de vivir en Prince William, era la primera vez que Hetrick —un agente hipotecario— se había dirigido ante los supervisores durante una audiencia pública. Pero con la depresión en el valor de las casas en el condado, Hetrick teme que la resolución “espante” a la población indocumentada, desencadenando una ola de ejecuciones hipotecarias y un resultante aumento en los impuestos.

“No quiero quedarme pobre”, manifestó.

Hasta Corey Stewart, el jefe republicano de los supervisores y el impulsor por excelencia de la resolución, admitió cierta inquietud con respecto al mercado de bienes raíces.

“Me preocupa el mercado en general”, dijo en una entrevista antes de la audiencia el 16 de octubre. “No me preocupa que la gente haga sus maletas y se vaya del condado”, precisó.

La resolución “definitivamente manda el mensaje que si tú estás ilegal en el condado de Prince William, y si cometes un delito, vas a ser deportado”, agregó.

Por su parte, Ricardo Juarez sostiene que el voto de los supervisores ha asestado “un golpe demoledor” a la confianza en la policía que le tenían los inmigrantes.

Sin embargo, el activista enfatizó que el voto es un contratiempo, pero no una derrota.

“Nos sentimos muy consternados. La aprobación. . . representa una muestra de desprecio. Pero la última palabra no se ha pronunciado”, expresó.

MSF es uno de los demandantes en una acción legal que se presentó contra el condado de Prince William y sus oficiales, entablado el 11 de octubre, y Juárez espera un veredicto de la corte federal antes de que la resolución entre en vigor en enero.