EL DÍA D. El martes 16, un grupo de hispanos se concentró ante el edificio de Gobierno de Prince William, en donde se vivió la tensión hasta la madrugada.

Por Milagros Meléndez-Vela
El Tiempo Latino

Después de casi 12 horas de acalorados testimonios, la Junta de Supervisores de Prince William aprobó en forma unánime, en la madrugada del miércoles 17, suspender ciertos servicios públicos a los indocumentados.

Cuando entre en vigencia en 2008, se les negaría asistencia de vivienda, rehabilitación a los presos por drogas y programas para los ancianos.

Este voto siguió a la aprobación el 2 de octubre de un plan para autorizar a la policía a indagar sobre el estatus migratorio de los detenidos hasta por delitos comunes.

Pese a que el presupuesto de Prince William se ha visto bastante afectado por la caída del mercado de bienes raíces y un recorte estatal de $500 millones, los supervisores aprobaron la medida, que requiere de $14,5 millones en cinco años para la Policía.

El acceso a las escuelas públicas, el cuidado médico y servicios de protección a los menores están garantizados por ley federal. El uso de las bibliotecas no se vería afectado, según recomendación de la oficina del ejecutivo.

El voto se dio tres semanas antes de las elecciones locales, que se realizarán el 6 de noviembre. Todos los supervisores van por la reelección.

La medida es la más fuerte en la región metropolitana. Sin embargo, el martes 16 el condado de Fairfax, que se había posicionado a favor de no actuar contra los indocumentados, anunció, a través del ejecutivo, que estudiará qué servicios se les podría negar.