Julita estudia psicología y español en una universidad de Texas y aspira a hacer un postgrado para poder enseñar algún día. A los 23 años de edad está a punto de celebrar su primera década en este país.Julita es miembro de la “generación 1.5” compuesta por hijos de inmigrantes que vinieron a los Estados Unidos. Los 1.5 no son inmigrantes de primera generación, adultos que inmigraron a los Estados Unidos; ni tampoco son de la segunda generación, hijos nacidos acá de padres inmigrantes.

Estos jóvenes inmigrantes son distintos a sus hermanos nacidos en Estados Unidos. Tienden a ser “los más bilingües”, dijo Rubén Rumbaut, profesor de sociología en la Universidad de California en Irvine que ha estudiado niños de inmigrantes desde los años 60 y acuñó el término “Generación 1.5”. Muchos aprenden pronto el inglés y pueden entonces servir como intérpretes para sus padres que no lo hablan. Sus hermanos de segunda generación empiezan a perder el idioma de sus padres y ya para la tercera generación la mayoría habla solo inglés. Son también altamente exitosos, trabajan duro para retribuirle a sus padres el sacrificio que hicieron por ellos.

En el otro extremo, los 1.5 son menos propensos a violar la ley. Podría decirse que los 1.5 son ciudadanos modelo. Pero decirlo sería incorrecto. Julita teme revelar su nombre completo, dónde nació o incluso lo que hace para vivir. Resulta que muchos de los 1.5 como Julita no tienen papeles y viven en este país ilegalmente. Julita asiste a una universidad en Texas, uno de los diez estados que les permite a estudiantes indocumentados pagar las mismas bajas matrículas de los residentes del estado.

El Congreso tiene una nueva oportunidad de portarse bien con Julita y con las decenas de miles que están en circunstancias similares, si les brinda la posibilidad de legalizar su situación. La legislación para hacerlo, conocida como el Dream Act, fue presentada por primera vez en 2001 pero se ha estancado en repetidas ocasiones. El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, ha prometido que la presentará en la plenaria de la cámara alta en las próximas semanas como un proyecto de ley independiente.

El proyecto enfrenta una especie de prueba de fuego política. El hecho de presentarse como proyecto de ley independiente, en vez de como una enmienda a otro proyecto, ofrecerá “la oportunidad que mucha gente estaba esperando…. Es hora de que veamos cuál es la posición de la gente ante esta legislación”, dijo Roberto G. Gonzales, autor de un informe que pronto emitirá el Immigration Policy Center acerca de aquellos de la generación 1.5 que se beneficiarían con el Dream Act. “Si la gente le da a estos chicos una oportunidad”, agregó “estarán en la mejor posición para competir en la economía global”.

El proyecto le daría residencia legal permanente, después de seis años de prueba, a quienes han vivido en este país más de cinco años, asistido a la universidad por lo menos dos años o hecho servicio militar, todo mientras mantienen un récord incólume. Se estima que unos 360.000 inmigrantes indocumentados podrían calificar inmediatamente y a ellos se agregaría cada año otros 65.000.

Más allá de su importancia para aquellos a los que beneficiaría, el Dream Act tácitamente plantea importantes interrogantes a la sociedad en su conjunto. ¿Están los Estados Unidos dispuestos a proveer un mínimo de oportunidad a quienes están ya bien encaminados para tener un impacto positivo en la sociedad?

A Estados Unidos le caería bien una dosis del optimismo que acompaña a los de la generación 1.5 como Julita. Cuando le pregunté para qué hacer el esfuerzo de obtener una educación universitaria cuando es probable que su búsqueda de trabajo se vea frustrada por su falta de papeles, Julita respondió: “¿Qué más voy a hacer? No puedo no ir a la universidad. Sería un desperdicio”.

“Sin importar lo que pase”, dijo Julita, “nadie podrá quitarme mi educación”. Y luego agregó, sin ningún rasgo de ironía, el consabido cliché: “una de las mejores cosas de este país es la oportunidad”.

©2007- The Washington Post Writers Group.