ACCIÓN. Ricardo Juárez (de espaldas), de Mexicanos Sin Fronteras, se dirige a un grupo de hispanos el martes 2, cuando la Junta de Prince William postergó la votación.

Por Daniel Gilbert
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El Comité de Trabajadores de Woodbridge entabló el miércoles 10 una demanda en contra de Prince William, lanzando el primer desafío legal a los esfuerzos del condado de combatir la inmigración indocumentada.

El pleito alega que la resolución del 10 de julio —la cual atrajo la atención nacional por su extremo rigor— va en contra de la autoridad del Gobierno Federal de regular la inmigración, y la denuncia como “discriminatoria”. La acción legal es presentada por un grupo de organizaciones, entre las que se encuentra el Fondo de Defensa Legal Puertorriqueña, que logró frenar una legislación similar en Riverside, Nueva Jersey, y en Hazelton, Pennsylvania.

Los Trabajadores de Woodbridge —entidad afiliada a Mexicanos Sin Fronteras (MSF)— aparece junto a 16 adultos y menores de edad como demandantes contra el condado.

La resolución, que autorizaría a la policía a indagar sobre el estatus migratorio de un sospechoso, y que podría negar ciertos servicios públicos a indocumentados, ha generado distintas campañas con la intención de anular el voto final sobre estas normas previsto para el martes 16.

Una de ellas fue la de MSF, que convocó a un boicot económico de una semana en agosto para demostrar la contribución de los inmigrantes, y llamó a un paro laboral el 9 de octubre.

“Tenemos la esperanza de que esta demanda evite que aprueben normas que van contra la justicia que merece nuestra comunidad en el condado”, dijo Ricardo Juárez de MSF.

La otra campaña ha estado protagonizada por comerciantes hispanos locales. Los integrantes de la Coalición Empresarial de Ayuda Inc. han cabildeado con los supervisores del condado en reuniones privadas que caracterizan como “efectivas”.

Carlos Castro, miembro de la coalición y dueño de Todos Supermarket en Woodbridge, dijo que la acción legal era “un poquito prematura”. Y expresó su preferencia por esperar hasta que los supervisores voten el 16 “para ver lo que aprueban y lo que no”.