FELICES. Guy Djoker, de la NAACP de Frederick, abraza a Jeanie Cronin, al conocer el voto el martes 9. Marina Castellanos (izq.) festeja y observa.

Por Luz Lazo
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El condado de Frederick votó el martes 9 en contra de una propuesta que buscaba negar servicios, incluyendo acceso a las escuelas públicas, a los indocumentados.

La decisión, 3-2, fue una victoria en Maryland ya que Frederick era la primera jurisdicción del Estado que seguía los pasos de Prince William y Loudoun, en Virginia, que han aprobado este tipo de resoluciones.

“La comunidad estaba muy intranquila y molesta con la propuesta”, contó el pastor Rodolfo Campos, de la Iglesia Maranatha de ese condado. “Era un plan contra los derechos humanos de nuestros hermanos”.

La comunidad inmigrante de Frederick, a unas 40 millas al norte de Washington, casi se triplicó de 2000 a 2004.

El autor de la propuesta, el comisionado Charles Jenkins (R), alegó que los indocumentados están “drenando” los servicios de las escuelas y del condado y costando millones de dólares a los contribuyentes. Por eso promovió que se le negara la educación básica a los niños indocumentados.

Una aprobación hubiese enviado la propuesta a la Asamblea General de Maryland, en donde las chances de ser aprobada eran mínimas.

La oposición a la medida se dejó sentir días antes del voto en reuniones públicas, de las que participaron organizaciones como la agrupación de derechos civiles afroamericana NAACP e instituciones religiosas. Políticos también alegaron que la idea era irracional e imposible de aplicar.

Sin embargo, la Junta de Frederick votó en forma unánime dos resoluciones —una para el Congreso y otra para la Asamblea General de Maryland— que exigen reformar las leyes de inmigración y detener el alto flujo de inmigrantes que, según ellos, está creando tensión en las comunidades y le está costando fondos al gobierno local.

Jurisdicciones a lo largo de la región han tomado iniciativas opuestas para tratar el tema, y culpan al Gobierno Federal por no aprobar una reforma migratoria.

Esta semana, la ciudad de Alexandria, en Virginia, aprobó una resolución que prohíbe negar servicios a residentes, sin importar su estatus migratorio, y enfatiza que la ciudad seguirá buscando la diversidad e inclusión.

Una semana atrás, el Distrito de Columbia, votó una resolución similar a favor de la comunidad indocumentada y en contra de las propuestas en otras áreas de la región.

A nivel nacional, varias jurisdicciones que aprobaron resoluciones antiindocumentados, han cambiado de opinión debido a los costos que implican aplicar ese tipo de ley.

Riverside, el primer pueblo de Nueva Jersey que aprobó una ley antiindocumentados, se retractó el mes pasado al ver que cientos de inmigrantes abandonaron el pueblo y ocasionaron bajas a la economía local.

Este pueblo también encontró que el costo para aplicar esta ley era demasiado alto y estaba quedándose sin fondos para pelear dos demandas en la corte.