ATENTOS. La sesión de la Junta el martes 2 tuvo una nutrida asistencia hispana.

Por Milagros Meléndez-Vela
El Tiempo Latino

La implementación de una medida para quitar servicios públicos a los indocumentados en Prince William enfrenta complicaciones y retos financieros, ya que el condado tuvo una reducción en su presupuesto de 2009.

La Junta de Supervisores pospuso el martes 2 de octubre un voto final sobre los tipos de servicios que se les negaría a los indocumentados.

Algunos supervisores prefirieron ver los números reales del costo de implementación antes de votar por la norma. La nueva fecha de votación es el próximo 16 de octubre.

“Esperamos que para entonces tengamos números reales”, dijo la supervisora Maureen Caddigan, representante de Dumfries.

El pasado 10 de julio los oficiales de Prince William votaron en forma unánime por una resolución para quitar servicios públicos a indocumentados y autorizar a la Policía a interrogar sobre el estatus migratorio de los detenidos, aún por ofensas menores.

El 18 de septiembre, la Policía presentó su plan para aplicar la legislación a un costo de más de $14 millones en cinco años.

La mayor parte de los fondos serían usados parala contratación de más oficiales, seis detectives y un civil, que formarían una nueva unidad contra los indocumentados.

Pese a que el martes 2 de octubre los supervisores no ejercieron su voto en la limitación de servicios, permanecieron unidos al aprobar el plan del Jefe de la Policía, Charles Deane.

“Desde ahora la Policía puede comenzar a entrenar a los oficiales para empezar a aplicar la ley”, dijo a la prensa el presidente de la Junta de Supervisores, Corey Stewart.

Sin embargo, todavía no se ha aprobado el dinero para la contratación de los detectives.

En cuanto a la limitación de servicios, los supervisores escucharon el informe de la oficina del Ejecutivo del Condado, que especificó una serie de complicaciones.

La lista de servicios que no podrían ser quitados porque están protegidos por ley federal compitió en número con aquéllos que podrían ser restringidos, pero que demandarían un alto costo —se necesitarían más personas— además de la posibilidad de enfrentar demandas legales.

Los servicios que el Ejecutivo propone cortar son: asistencia para pago de vivienda a las personas sin casa, programas de rehabilitación de drogas, alivio de impuestos para los ancianos, centros para ancianos. Aunque especificó que no podrían prohibir la comida a los ancianos.

“Vamos a ver si la aplicación de la resolución vale la pena. Si vamos a ganar más de lo que se va a perder”, dijo a El Tiempo Latino en un español casi perfecto el supervisor Michael May, representante de Occoquan.