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LEGALIZACIÓN. Venevicto Mansaniego, de Guatemala, se manifestó en junio ante el Capitolio por la reforma.

Esperar por una reactivación de la acción del Senado y del Congreso en el tema de inmigración hasta después de las elecciones presidenciales del próximo año es demasiado costoso para nuestras comunidades.

Los trabajadores sin documentos sufren el embate de las redadas o detenciones sorpresa mientras los latinos, aunque sean ciudadanos y/o residentes legales, confrontan el potencial de discriminación a sus derechos civiles debido a su origen multinacional o a su apariencia.

¿Qué hacer? No hay esfuerzos individuales con el poder suficiente para cambiar la balanza. Sin embargo, es de destacar que está surgiendo una estrategia que podría resultar en beneficios migratorios si se lograra construir un apoyo significativo en la Cámara de Representantes.

La estrategia emana del legislador Luis Gutiérrez (D-Il) y el grupo congresional latino (Congressional Hispanic Caucus). Se trata de pedirle al pleno demócrata —mayoría en la Cámara de Representantes— que niegue sus votos en caso de que aparezca una propuesta de inmigración parcial. Por ejemplo, un programa temporal para braceros que trabajen en la agricultura. Un grupo nacional de activistas comunitarios, incluyendo a la región metropolitana de DC, se coaligó a la iniciativa que ya está en progreso.

Una posibilidad para el éxito de esta estrategia trabajaría así: el senado aprueba el programa para los trabajadores agrícolas. La Cámara de Representantes, con mayoría demócrata, se niega a dar sus votos, a no ser que se vote por una propuesta que no solamente incluya a los trabajadores agrícolas, sino que también incluya a todos los trabajadores sin documentos en el país. Luego, en conferencia bicameral, se construiría una solución que proporcione permiso de estadía temporal y viaje a los trabajadores sin documentos.

Esta estrategia se justificaría porque todos los trabajadores sin documentos son esenciales para el comercio e industrias en el país. El beneficio de la ley sería igual para trabajadores agrícolas, de construcción, de tecnología, enfermeros, de restaurantes, de jardinería, etc.

La propuesta/concepto implicaría otorgar un permiso de trabajo y estadía en el país a los trabajadores sin documentos. El permiso sería por un periodo inicial de cinco años.

En ese espacio de cinco años se podría articular y gestionar una ley más completa que resuelva la falta de estatus legal de los trabajadores.

En el proceso de solicitud del permiso, se lograría saber quién está acá, sus antecedentes y se recolectarían más impuestos de forma regular.

En la ausencia de otro vehículo para promover la reforma migratoria con beneficios para trabajadores indocumentados, esta estrategia del veto es quizás el mayor poder —desde el interior del Congreso— que se pueda ejercer por los legisladores latinos. Falta ver si el liderazgo demócrata que incluye a Nancy Pelosi (D-CA); Steny Hoyer (D-MD) y Rahm Emanuel (D-Il) se alinea con el grupo congresional latino para ejercer la fuerza del veto como arma para lograr un voto que resulte en leyes beneficiosas en el área de inmigración.

Al proponer esta estrategia/propuesta, el grupo congresional latino reconoce que la demanda se ha minimizado en comparación a la exigencia de una residencia permanente con paso seguro a la ciudadanía.

Pero a la vez, reconocen que éste sería un primer paso y no el fin de los esfuerzos encaminados a conseguir una ley efectiva que resuelva el estatus migratorio de los trabajadores en el país. Apoyar a los congresistas —desde afuera— es muy importante para complementar el impacto de las marchas, que aunque son forma legítima de expresión cívica, no incidieron para que en el Senado se produjeran los resultados esperados.

Saúl Solórzano es director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) en Washington D.C.