Alfredo Duarte Pereira para ETL

REIVINDICACIÓN. La salvadoreña Corina Arévalos participó en una concentración ante el Capitolio, el 9 de junio, por la legalización y contra las redadas.

Por Alberto Avendaño
El Tiempo Latino

El año 2007 se consumió para amplios sectores de la comunidad latina como una candela que, de proyectar la luz de la esperanza de lo que podía ser, pasó a apagarse en lo que no fue. Si 2006 había sido el año de las movilizaciones a nivel nacional para solicitar legislación y compasión para 12 millones de indocumentados, 2007 fue el año en el que un Congreso a la deriva y un presidente sin voluntad abandonaron el tema migratorio.

La esperanza se perdió a finales de junio. Después de un debate entre el 21 de mayo y el 28 de junio que enfatizaba la seguridad (muro fronterizo) y una vía de legalización, el Senado no reunió los 60 votos necesarios para aprobar una ley de reforma migratoria que incluía un camino a la residencia previo pago de unos $13.000 en multas. Así se abrió el camino a las redadas.

Datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indican que las deportaciones aumentaron en 2007 un 39 por ciento, en comparación con 2006. Y en 2008 se proyecta una cifra mayor.

Sin marco legal al que acogerse, y sin liderazgo político sólido, la comunidad latina quedó en manos de enojados hombres blancos —en la televisión, la radio, los diarios y en foros políticos federales y locales— que insultaron, criminalizaron y contaron una historia que no se corresponde con la creciente, positiva y compleja realidad hispana de Estados Unidos.

La inacción del Congreso hizo que jurisdicciones locales ejecutaran políticas de acoso y derribo de indocumentados o de todo aquél que lo pareciera. Lo que pasó en Prince William es un ejemplo de este exceso: amparados en que el indocumentado perjudica a ese condado de Virginia —algo nunca demostrado con datos—, la Junta de Gobierno aprobó una de las legislaciones más duras del país. Lo paradójico es que si esas normas se implementan, el condado sí sufrirá un duro golpe económico en su presupuesto. Quienes ya sufren las consecuencias de la hostilidad migratoria en Prince William son los negocios: muchos reportan pérdidas de más del 30 por ciento.

En los últimos dos años, más de 1.400 proyectos de ley similares se discutieron en varios estados. Unas 180 iniciativas han sido aprobadas.

Estados como California o Texas, estudios de universidades y de organizaciones económicas han documentado el impacto positivo de los indocumentados. Y un sondeo de Los Angeles Times indica que seis de cada 10 ciudadanos apoya la legalización. Activistas y políticos coinciden en que hay que actuar a nivel social y legislativo. Pero la represión no es la respuesta. Destrozar familias y decirles a los padres de niños y niñas estadounidenses que sus hijos ahora pasarán al sistema de adopción del estado —como ya está ocurriendo— suena macabro.

En las presidenciales de 2008, la inmigración y lo hispano volverán a ser vulnerables. Esta edición de El Tiempo Latino repasa ésta y otras realidades de 2007. Sólo el nuevo año podrá cambiar el actual marco legal que destruye vidas y rompe el sueño americano.