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DESILUSIÓN. Al acercarse la madrugada del 17 de octubre centenares de hispanos esperaron el voto de la Junta de Prince William.

Cronología de UNA Resolución • 26 de junio.- El supervisor John Stirrup, de Gainesville, presenta propuesta para negar servicios públicos a indocumentados y autorizar a la policía a chequear el estatus migratorio de los detenidos. • 10 de julio.- La Junta de Supervisores hace cambios y aprueba la propuesta de forma más suavizada. Sin embargo, es la más drástica en la región. La Junta ordena a las agencias públicas revisar la medida y dar un informe en 60 días. • 15-29 de julio. Mexicanos Sin Fronteras (MSF) convoca a tres reuniones comunitarias. Asisten cerca de 3.500 personas y deciden varias acciones. • 8 de agosto. Dueños de negocios y la organización AYUDA, forman una coalición para cabildear contra las medidas. • 18-25 de agosto. Hispanos, liderados por MSF marchan en el área. • 27 de ago -3 de sept.-MSF convoca a un boicot contra comercios no latinos. • 2 de septiembre. Unas 7 mil personas pro inmigrantes marchan frente al edificio de gobierno de Prince William. • 18 de septiembre. Policía presenta plan para llevar a cabo la resolución. • 9 de octubre. MSF insta a paro laboral. • 17 de octubre. Tras 11 horas de audiencia, se aprueba la resolución.

Por Milagros Meléndez
El Tiempo Latino

Sin lugar a duda, el condado de Prince William, en el Norte de Virginia, se convirtió este 2007 en uno de los gobiernos locales más duros del país en aplicar medidas contra los indocumentados..

Las acciones de los oficiales, en un año de elecciones locales, protagonizaron una fuerte batalla política entre el gobierno y los grupos a favor de los inmigrantes.

Lo ocurrido en este condado —de 358 mil habitantes, 18 por ciento de ellos, hispanos— captó la atención nacional e internacional

En junio, el supervisor que representa la zona más pudiente de Prince William, John Stirrup, de Gainesville, introdujo una propuesta para negar servicios públicos a los residentes que no pudieran comprobar su estatus legal en el país. El propósito de la medida original era negar, inclusive, el ingreso a bibliotecas y piscinas públicas.

A la vez, propuso autorizar a la policía a indagar el estatus migratorio de cualquier detenido.

Las drásticas propuestas originaron una gran movilización comunitaria entre los hispanos. Un pequeño grupo de base, Mexicanos Sin Fronteras, sobresalió en la lucha y lideró acciones propias de los países latinoamericanos: marchas, boicots y hasta paro laboral. Ricardo Juárez, dirigente de la agrupación, se moldeó como un líder popular en la región.

Por otra parte, los dueños de negocios hispanos se unieron en contra de la medida de una manera más silenciosa.

Sin embargo, un frente opuesto vino con fuerza. La agrupación antiindocumentados, Help Save Manassas, liderada por el técnico en computación Greg Letieq, bombardeó la red cibernética y a los oficiales con su retórica antiindocumentados. Esta misma agrupación había ayudado a Stirrup a formular la dura propuesta.

Por más que la medida recibió amenazas de ser retada en las cortes, avanzó con fuerza.

Así fue como en la madrugada del 17 octubre, tras una audiencia pública que duró cerca de 11 horas y marcó una cifra récord de asistencia (más de 1.000), la Junta de Supervisores votó en forma unánime a favor de limitar ciertos servicios a los indocumentados. El acceso a las bibliotecas y a los centros de recreación no se vieron afectados. Tampoco, una serie de servicios garantizados por ley federal, incluyendo, salud y educación.

Sin embargo, la Policía, que en un principio se había opuesto a la medida, presentó un plan para verificar el estatus legal de los detenidos en el caso de que hubiera sospecha de que el arrestado es indocumentado.

La acción tuvo un fuerte impacto en los hispanos. Desde julio, cuando los supervisores dieron su primer voto, el pánico se apoderó de aquéllos que podrían ser afectados con la medida. Las familias limitaron sus salidas a las calles o a los centros de distracción. Los negocios sufrieron también el efecto y enfrentaron caídas en las ventas, algunos de hasta 40 por ciento.
Semanas después, el 6 de noviembre, el electorado reafirmó el respaldo a los oficiales. Todos los supervisores fueron reelegidos, menos Hilda Barg, quien se retira este año.
En el plano electoral, los candidatos hispanos, hicieron historia. Aracely Panameño y Víctor Ramírez se postularon como supervisores. Y si bien no tuvieron éxito, ambos afirman que seguirán abogando por los inmigrantes.

Las autoridades dicen que la medida entrará en efecto en enero. Grupos que se oponen a la resolución afirman que hay esperanza para continuar retándola en la corte, pese a que una demanda fracasó.