Los prefectos (gobernadores) de cinco departamentos de Bolivia, viajaron la semana pasada los Estados Unidos y a Europa para denunciar ante organizaciones internacionales la crisis de su país.

El foco del viaje era la aprobación del proyecto de una nueva Constitución por mayoría de votos de constituyentes del partido oficialista MAS, sin la participación de los representantes de la oposición. Las deliberaciones se realizaron en un cuartel de la ciudad de Sucre, donde los ciudadanos que trataban de evitar las deliberaciones de la asamblea, se enfrentaron a la policía ante la presencia de miles de campesinos movilizados desde varios puntos del altiplano por el gobierno de Evo Morales, para “defender” la Constituyente. Los enfrentamientos dejaron 3 muertos y más de 300 heridos.

Según los prefectos, la Constituyente nació muerta porque un referendum convocado para sentar sus bases, demanda la aprobación de dos tercios de los constituyentes para su elaboración. Pero al final se aprobó. Y las críticas no se hicieron esperar. La Asamblea Constituyente de Bolivia fue calificada por analistas, juristas y asambleístas de oposición de un “show” e “insólita” y se le atribuyó, con ironía, un nuevo récord por haber aprobado una Constitución de 411 artículos en 17 horas.

Los críticos rechazaron la forma en que el gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido del presidente Evo Morales, y sus aliados votaron el proyecto de Constitución en Oruro entre la noche del sábado 8 y las primeras horas del domingo 9.

“Lo hecho fue un show, un fraude y una mentira”, dijo a la agencia de noticias Efe el abogado constitucionalista Santiago Berrios, ex Superintendente de Hidrocarburos, al señalar que en el texto aprobado “no está presente la técnica jurídica”.

Por su parte, los prefectos opositores de cinco de los nueve departamentos de Bolivia dijeron que el proyecto de Constitución impulsado por el presidente Evo Morales y aprobado el domingo no tiene validez y confirmaron que en cuatro de ellos aplicarán las autonomías regionales al margen de esa norma. En un comunicado suscrito tras una reunión celebrada en Cochabamba, los prefectos de esa región y de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando afirmaron que no reconocen “vigencia legal alguna” a ese proyecto, porque es resultado “de vulnerar la ley y carece de toda legitimidad”.

Julio Durán es periodista independiente boliviano residente en Maryland.