El presidente de Bolivia, Evo Morales, no está en su mejor momento. Luego del fracaso de la reforma constitucional en Venezuela, la oposición boliviana ha renovado fuerzas para levantarse contra la nueva Carta Magna aprobada el domingo 9 en un aula de la Universidad Técnica de Oruro, en un proceso que muchos califican de irregular e incluso ilegal.

Con 164 de los 255 asambleístas presentes, el nuevo texto constitucional pasó en una sola sesión que duró más de quince horas. Cientos de campesinos y mineros se atrincheraron en las afueras del edificio para impedir el ingreso a los pocos diputados opositores que trataron de participar en la última jornada de la Constituyente.

En el pleno no hubo tiempo para la discusión: la nueva Constitución se leyó artículo por artículo y los presentes, casi todos indígenas del partido oficial Movimiento Al Socialismo (MAS), levantaban disciplinadamente la mano para aprobarlo.

Al final, hubo lágrimas y abrazos entre los miembros del gobierno y sus simpatizantes. Por el contrario, los enemigos del régimen, especialmente los seis gobernadores de la llamada “media luna” opuesta a los planes del presidente Morales, denunciaron casi de inmediato que no acatarán la norma, por considerarla ilegal.

Nadie se atreve a predecir en qué culminará este proceso que ya ha desgarrado al país. Los estudiantes tomaron las calles y los transportistas se fueron a la huelga, con un saldo de tres muertos y centenares de heridos. Era tal el nivel de protesta social que el gobierno trasladó la Asamblea primero a un cuartel militar en las afueras de Sucre y posteriormente a Oruro, donde se aprobó la redacción final del texto, cuatro días antes de que venciera el plazo legal.

Que la nueva Constitución se aceptara con el voto de dos tercios de los asambleístas presentes —y no por dos tercios del total del foro, como inicialmente se había definido—también ha contribuido a enardecer los ánimos y avivar las denuncias de ilegalidad. El líder del partido opositor Podemos, Jorge Quiroga, ha acusado a Morales de “degollar” la democracia en Bolivia, de la misma manera en que dos indígenas aymaras de la organización “Ponchos Rojos” le cortaron el cuello a dos perros ante cámaras de video, mientras gritaban los nombres de dos prominentes líderes de la oposición.

En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, centro de la provincia más grande y próspera de Bolivia, así como el principal núcleo de oposición al gobierno de Evo Morales, se habla ya abiertamente de guerra civil, según reporta el diario argentino Clarín.

Aunque analistas y militares descartan por ahora que la retórica se convierta en balazos, la escalada en el clima de confrontación sí resulta preocupante. Por ahora, una salida pacífica puede ser el referendo sobre su mandato que ha ofrecido el propio presidente Morales, con la salvedad de que la decisión no se tome por mayoría simple sino por más votos de los que obtuvo en la última elección, es decir, alrededor del 53 por ciento del sufragio.

Dina Fernández es columnista
de ‘El Periódico’ en Guatemala
dfernandez@xokomil.com