UN PRECEDENTE. La abogada Jessica Salsbury, de espaldas, charla con trabajadores durante una audiencia en junio.

Por Milagros Meléndez-Vela
El Tiempo Latino

Arnoldo Vásquez pensó haber hecho el mejor trato del año cuando en septiembre de 2005 aceptó trabajar en las labores de reconstrucción en la zona devastada por el huracán Katrina.

El jornalero, reclutado junto con decenas de hispanos en un 7-Eleven de Langley Park, se trasladó a Mississippi con la idea de enviar a su familia en Guatemala suficiente dinero para varios meses.

En la zona de reconstrucción la historia cambió. Los trabajadores realizaron tareas no acordadas, pasaron hambre y no recibieron ningún pago.

Hoy, tras dos años de una batalla legal, Vásquez y otros 45 trabajadores, recibirán sus sueldos regulares y horas extra no pagadas. La compañía contratista Unlimited Restoration, Inc. (URI, con sede en Pennsylvania), acordó pagar $100.000 a los trabajadores.

El jueves 9, una corte federal de Maryland aprobó el acuerdo, negociado por la firma Zuckerman Spaeder, LLP y la organización CASA de Maryland, que representaron a los jornaleros.

“Los inmigrantes están entre los trabajadores más vulnerables a las estafas. Este caso es una victoria importante”, manifestó el martes 14 la abogada de CASA, Jessica Salsbury, quien siguió el caso.

Los trabajadores podrían recibir una suma más amplia, después que la jueza, Catherine Blake, declaró culpable a la compañía subcontratista, MFC General Contractor, de Maryland.

En las primeras semanas de septiembre de 2005, los dueños de la empresa subcontratista reclutaron a los jornaleros en áreas de Montgomery y Prince George’s con la promesa de trabajar en la limpieza de casinos.

“Nos llevaron en camionetas hasta allá, prometiéndonos que nos iban a pagar cada semana y después de un mes nos dieron cheques sin fondos”, recordó el martes 14, Santos Najarro, inmigrante de Guatemala.

Mientras que Mario Zúñiga, también de Guatemala, todavía describe con horror las condiciones infrahumanas de trabajo. “El olor era nauseabundo. Se quedaba impregnado en el cuerpo”, manifestó. “Pasábamos gran hambre, si no era por la Cruz Roja sólo comíamos un sandwich al día”, agregó.

La corte remitió al jurado la decisión de determinar los montos adicionales a pagar. En Maryland, la ley establece que los culpables de este tipo de estafas paguen tres veces el monto debido.

El estatus legal de los trabajadores no fue un tema en cuestión para la corte, afirmó la abogada Salsbury.

La activista Kim Propeack, directora de programas de CASA dijo que “éste es un claro mensaje de esperanza para nuestra comunidad. En medio del ambiente tan hostil contra los inmigrantes, deben saber que aún sus derechos prevalecen”.