El gobierno de Guatemala, apoyado por activistas de Derechos Humanos, ha resultado vencedor en un pulso de cuatro años por instalar en el país una misión internacional de Naciones Unidas para investigar, perseguir y desmantelar a las mafias infiltradas en el Estado.

En una sesión histórica la semana pasada, el Congreso dio un vuelco y para asombro de la opinión pública, 110 diputados aprobaron el acuerdo que da vida a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Cicig.

“Se ha dado un paso valioso en contra de los poderes ocultos”, asegura Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, una de las organizaciones que ha encabezado la lucha en contra de las redes criminales dedicadas al narcotráfico, el contrabando y la extorsión cuyos tentáculos están incrustados en el aparato estatal.

Hasta la mañana en que se conoció la nueva ley, era incierto si se obtendrían los votos necesarios para que pasara. Desde que surgió la idea a inicios del actual gobierno y durante los meses que duró la discusión en el Palacio Legislativo, la mayoría de diputados se mostró adversa a un proyecto impulsado por el vicepresidente Estuardo Stein, el cerebro de centro izquierda de una administración conservadora.

Varios factores se conjugaron para que los legisladores cambiaran de opinión.

Ante todo, el asesinato ede tres diputados salvadoreños a manos de policías, que luego fueron ejecutados en la cárcel, puso en evidencia el grado de corrupción existente en las fuerzas de seguridad y resucitó el debate en el Congreso, donde el proyecto estaba prácticamente congelado.

La campaña electoral propició el marco político para que la propuesta cobrara auge, pues los candidatos que encabezan las encuestas se pronunciaron a favor de la nueva ley.

Por ello, cuando dos diputados del partido que va en primer lugar, la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, votaron en contra de darle trámite a la propuesta, se desató una tormenta de reclamos sobre su candidato presidencial, Alvaro Colom.

La negativa de los diputados provocó un cisma en la UNE, además de hacer resurgir las dudas sobre la presencia de las mafias en esta organización que expulsó de sus filas a un congresista ligado a los carteles de la droga.

Con estos antecedentes, la discusión se polarizó al punto de que varios legisladores afirmaron que quien se opusiera a la Cicig tendría nexos con el crimen organizado.

En medio del torbellino, la presión internacional se incrementó con la visita de la vicepresidenta de España y un editorial sobre el tema en el New York Times. Resultado: la ley pasó con amplio margen y “de urgencia nacional”.

Mientras se instala la Cicig, un grupo de abogados está preparándose para impugnarla ante la Corte de Constitucionalidad.

Dina Fernández es columnista
de ‘elPeriódico’ en Guatemala
dfernandez@xokomil.com